Las pulseras que deberían haber protegido a decenas de mujeres terminaron causando el efecto contrario. La memoria de la fiscalía reveló que los brazaletes fallaron durante meses, dejando a los maltratadores descontrolados. Una negligencia que permitió que no se pudiesen aprobar pruebas GPS en los juicios por quebrantamiento de la orden de alejamiento, además de las consecuencias directas para las víctimas. Ahora, la Guardia Civil investiga un posible fraude de fondos europeos a raíz de los accidentes de Adamuz y Urda que también afectaría al Ministerio de Igualdad.
