Una instrucción de Sofía Puente permitió presumir el exilio de quienes salieron de España entre 1936 y 1955, sin acreditar su salida. Ahora, varias asociaciones la denuncian por presunta prevaricación y el Supremo ha suspendido cautelarmente el voto de determinados nacionalizados. El despacho de Baltasar Garzón asesora a afectados para recurrir la medida, mientras Ángel Víctor Torres defiende a quienes ya votaron en 2023. La pregunta es inevitable: ¿cómo sabe el ministro quiénes votaron entonces?
