Tras caer el Decreto Ómnibus en el Congreso, los jueces podrán reactivar unos 60.000 procedimientos de desahucio paralizados, muchos por okupación ilegal e inquiokupas. La alegación de vulnerabilidad ya no frenará indefinidamente los desalojos con sentencia firme. No serán automáticos, pero sí se retoman los procesos, lo que supone un alivio para propietarios… y preocupación para colectivos sociales. En definitiva, vuelve la contienda entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad.
