El caso de las mascarillas ha quedado visto para sentencia. Anticorrupción ha solicitado una pena de siete años de prisión para Víctor de Aldama. En su informe, el fiscal jefe Alejandro Luzón ha defendido la necesidad de incentivar la cooperación con la justicia mediante reducciones de pena, advirtiendo que, de lo contrario, se fomenta la “omertà” o ley del silencio. En este sentido, considera razonable una rebaja de la condena de al menos un grado, e incluso dos, como plantean algunas acusaciones populares. Además, el Ministerio Público ha descartado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ocupara la cúspide de la trama, calificando esa afirmación de Aldama como un “notable desahogo”. Según Luzón, la responsabilidad principal recaería en José Luis Ábalos, de quien dependían las decisiones clave.
