La presidenta de Navarra, María Chivite, niega ilegalidades en las adjudicaciones públicas y rechaza dimitir pese a la presión política y los informes de la UCO. La crisis se agrava tras la dimisión de su mano derecha, Ramón Alzórriz, por vínculos de su pareja con Servinabar, empresa ligada a Santos Cerdán. Servinabar recibió adjudicaciones por 76 millones del Gobierno navarro. La oposición exige elecciones anticipadas y el Senado citará de nuevo a Santos Cerdán, a Alzórriz y a todos los implicados en Navarra.
