La sentencia de David Sánchez deja complicaciones para la trayectoria profesional pública de nueve funcionarios de la Diputación de Badajoz. Han sido condenados por el delito de prevaricación administrativa a la inhabilitación especial para empleo público por nueve años. Entre los condenados se encuentran perfiles como Ricardo Cabezas, que dejaría de ser diputado si la sentencia fuese firme.
