La investigación exprés de la UCO contra Leire Díez se desató por el móvil de Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán y dueño de Servinabar. Según un nuevo auto, la información encontrada en su teléfono y los documentos de su despacho muestran pruebas claras de posibles delitos, que el juez Antonio Piña califica de “extrema gravedad”, con numerosos indicios de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Pese a la cantidad de pruebas, el juez decidió dejar en libertad a los investigados al no existir riesgo de destrucción de evidencia. El caso pasa ahora al juez Santiago Pedraz, que citará en las próximas semanas a la decena de implicados, la mayoría funcionarios relacionados con contratos públicos.
