Imputada por cinco delitos diferentes, entre ellos organización criminal y malversación, por su presunto papel en el amaño de contratos públicos durante la etapa de Ábalos como ministro. La UCO la vincula con adjudicaciones irregulares por más de 70 millones de euros bajo las órdenes de Koldo García. En el registro de su casa hallaron un contrato clave sobre el suministro de cinco millones de mascarillas que fue el origen de la investigación de la trama.
