El Ejecutivo subraya que en 2023 se practicaron 106.172 abortos en España, de los cuales el 82% se realizaron en centros privados, y lanza la web “Quiero abortar” como guía pública para acceder a este servicio en cada comunidad. Además, destina 300.000 euros a un estudio sobre aborto en “transmasculinidades” y “personas no binarias” en Perú, mientras en España aún no llegan las ayudas de la Ley ELA. El Gobierno insiste en que el aborto debe garantizarse como derecho universal en todo el territorio, pero en Ceuta y Melilla no se practica en la sanidad pública: en Melilla, el 100% de los médicos son objetores de conciencia.
