Hubo ánimo de lucro y pusieron los fondos públicos al servicio de sus fines que eran particulares, aunque pudiesen estar compartidos por un número mayor o menor de personas. Ese es el razonamiento que lleva al Tribunal Supremo a no amnistiar a Carles Puigdemont y el resto de los condenados por malversación. Choque frontal con las tesis impuestas por el Fiscal General del Estado y un llamativo camino que parece excluir la presentación de una cuestión prejudicial ante Europa. Ahora tiempo para los recursos de Puigdemont y los suyos y guerra local con las tesis de Sánchez, que no se trasladará a Europa.
