Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, personada como acusación popular en la causa, sostiene que la prueba practicada durante el juicio permite solicitar condena para los acusados. La entidad defenderá en sus informes finales que los hechos podrían constituir delitos contra la Administración Pública, incluido un posible delito de tráfico de influencias.
