Los últimos casos de presunta corrupción continúan poniendo en el centro de la controversia al gobierno de Ángel Víctor Torres. Las investigaciones más recientes han sacado a la luz una serie de misteriosas llamadas que, según diversas fuentes, habrían desembocado en la adjudicación de contratos millonarios bajo circunstancias poco transparentes. Además, la situación se agrava con la intervención de la justicia europea, que examina minuciosamente un posible desvío de fondos comunitarios destinados a la protección y asistencia de menores migrantes. Este escrutinio internacional aumenta la presión sobre el Ejecutivo, mientras crecen las dudas sobre la gestión y el destino real de los recursos asignados.
