El Gobierno permitirá que los inmigrantes beneficiados por la regularización masiva puedan solicitar el Ingreso Mínimo Vital dentro de un año, con pagos que oscilan entre 500 y 1.500 euros, siempre que residan legalmente en España durante 12 meses y demuestren vulnerabilidad económica. Mientras tanto, esta medida genera críticas internacionales: la Comisión Europea advierte que podría enviar un mensaje equivocado, fomentando el tránsito ilegal y la residencia no autorizada en otros países de la UE.
