Zapatero ya ha designado abogado, Víctor Moreno, y ha incumplido la primera de las promesas realizadas tras su imputación. Después del vídeo difundido el pasado miércoles, en el que no admitió preguntas, aseguró que atendería a los medios de comunicación. Sin embargo, este jueves ha optado por cancelar cualquier comparecencia pública y encerrarse con su defensa para preparar su declaración prevista para el próximo 2 de junio. Mientras el expresidente evita pronunciarse, sí lo hacen los socios del Gobierno. Más allá de las críticas de Gabriel Rufián, desde Sumar el ministro Pablo Bustinduy ha reconocido que el caso Zapatero genera “desafección” entre el electorado de izquierdas y ha reclamado que se esclarezcan los hechos. Más contundente se ha mostrado Pablo Fernández, portavoz de Podemos, quien ha descartado abiertamente la tesis del ‘lawfare’ contra el Gobierno.
