No solo las empresas podrían atender en catalán en todo el territorio, sino que esta obligación afectaría a los taxistas. La nueva ley del taxi que prepara el Gobierno de Salvador Illa podría obligar a los conductores a aportar un certificado b1 o b2 de catalán. La norma también recortaría 600 de las 1000 licencias VTC del Área Metropolitana de Barcelona e impondría tarifas a las limusinas. El malestar en el sector es mayúsculo.
