Pedro Sánchez eleva la amenaza y da tres meses a Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para crear el registro de objetores de conciencia al aborto. Se trata este, de un requisito obligatorio para las regiones recogido en la ley del aborto de Irene Montero y obligatorio desde 2024. ¿Qué hay detrás de este empeño del Ejecutivo? Ana Redondo, aún tocada por el escandalo de las pulseras, lleva días denunciando, el desigual acceso a la practica abortiva. Afirma que el 79% de las interrupciones de embarazos se hacen en la privada y amenaza con acciones legales si esto no se revierte. Su atropello al derecho a la vida no está funcionando: en Melilla por ejemplo el 100% de los médicos se ha declarado objetor de conciencia.
