Desde el ministerio de Transición ecológica afirman que nunca han concedido autorización alguna a las empresas de hidrocarburos. Sin embargo, informes de la guardia civil desmienten esta versión.
La cartera dirigida entonces por Teresa Ribera emitió 3 resoluciones que beneficiaron a Villafuel, la empresa con la que Aldama y Claudio Rivas habrían defraudado al menos 231 millones de euros.
