Consuelo Madrigal y María José Segarra, ex fiscales generales del Estado, se han sumado a la petición de dimisión de Álvaro García Ortiz. En una misiva la mayoría del generalato tacha su actitud de “impropia” dentro de un Estado de derecho e insisten en que daña a la reputación de la institución por estar investigado por un delito de revelación de derechos. El fiscal, que ya ha declarado ante el Supremo, insiste en su inocencia y plantea ya recurrir amparo ante el Tribunal Constitucional.
