El Reino Unido tiene un problema con sus mejores contribuyentes. Y es que muchos
se marchan.
Durante décadas, Londres fue un imán para las grandes fortunas del mundo. Ofrecía
estabilidad, seguridad jurídica y, sobre todo, un régimen fiscal muy favorable. Pero eso
ha cambiado en los últimos años.
Todo empezó con el fin del estatus «non-dom». Este régimen permitía a los residentes
con domicilio fiscal en el extranjero no tributar por sus ingresos de fuera del país.
Desde abril de 2025, ese privilegio ha desaparecido. Ahora, todos los residentes
pagan por su renta mundial.
Las consecuencias no se hicieron esperar.
Según un informe Henley Private Wealth Migration, unos 16.500 millonarios
abandonaron el Reino Unido el año pasado. Se llevaron con ellos cerca de 91.800
millones de libras en riqueza líquida. Y en los últimos dos años, uno de cada seis
grandes patrimonios ha dejado el país.
Pero aquí está el giro importante. Los que empiezan a hacer las maletas ya no son
sólo los muy ricos.
Cada vez más, quienes se plantean dejar el país son profesionales cualificados y
familias de clase media-alta. Médicos, autónomos y pequeños empresarios. Gente que
paga más y siente que recibe menos. Un dato que ilustra esta tendencia: en torno al
30% de los médicos del sistema público británico se plantearon marcharse este año.
Y aquí vienen las consecuencias. En un sistema fiscal donde el 10% de contribuyentes
con mayores ingresos aporta más del 60% de la recaudación del impuesto sobre la
renta, el agujero para las arcas públicas es enorme.
Y mientras tanto, otros países se frotan las manos.
Dubái es el destino estrella. Allí no se paga impuesto sobre la renta, ni sobre
plusvalías, ni sobre herencias. Italia también atrae con fuerza, con una cuota fija sobre
la renta extranjera. Suiza, Mónaco y Chipre completan la lista.
Y el perjuicio no es sólo económico porque el éxodo de profesionales cualificados crea
un agujero difícil de reparar en los servicios profesionales de Gran Bretaña. Gravar las
rentas más altas es el mantra de la socialdemocracia para alcanzar la justicia social.
Sólo cabe preguntarse donde queda la justicia social cuando el estado cuenta con
menos dinero para prestar servicios y se queda sin profesionales cualificados.
