La Ministra de Hacienda del Reino Unido, Rachel Reeves, se dispone a reducir los costes de recarga de los coches eléctricos mediante una reducción de las tarifas de red en las estaciones públicas de recarga. Estas tarifas no han dejado de aumentar en los últimos años, lo que ha desincentivado la compra de vehículos eléctricos.
Pero no todo es de color de rosa para los conductores, porque un nuevo régimen fiscal que entrará en vigor en 2028 gravará estos vehículos con 3 peniques por milla, lo que invertirá en cierta medida la tendencia favorable hacia los vehículos eléctricos.
Se espera que este impuesto cueste al conductor medio de un vehículo eléctrico 255 libras (unos 300€) cada año. Y es que el gobierno se resiste a perder los ingresos de los actuales impuestos sobre los combustibles fósiles, que vienen reduciéndose desde el lanzamiento de los coches eléctricos. Los vehículos híbridos abonarán a una tasa menor, estimada en 1,5 peniques por kilómetro.
Con todo, a pesar de su mayor precio, los vehículos eléctricos continúan atrayendo a los británicos gracias a los incentivos gubernamentales, los costes comparativamente bajos de su energía y las ventajas sobre las restricciones a la circulación en algunas ciudades.
Y sin embargo, el gobierno no está proyectando un futuro que deje tranquilos a quienes se plantean comprar un vehículo eléctrico. Es un hecho que los incentivos son un concepto que por su propia naturaleza tiene los días contados y que el gobierno laborista no piensa renunciar a los ingresos que hoy día obtiene de los vehículos propulsados por combustibles fósiles.
Por otro lado, ningún país del mundo tiene una potencia eléctrica suficiente para soportar una mayoría de coches eléctricos. Por ejemplo, Suiza, con un 5% de vehículos de este tipo, tuvo que solicitar a sus propietarios que dejaran de usarlos temporalmente por falta de potencia en la red.
En definitiva, todavía nadie ha hecho la cuenta del coste real que supone la electrificación del transporte por carretera. Se trataría de sumar el aumento de los costes energéticos, la necesaria inversión en infraestructuras, el mayor precio de los vehículos, y los incentivos del gobierno. Lo que si está claro es que, de una manera u otra, con coche eléctrico o sin él, los ciudadanos acaban pagando, sin que estén claros los beneficios de estas políticas.
