¿Hacia un engendro de nuevo sistema político?
Como el impopular y caótico gobierno de Gustavo Petro no está en capacidad de llamar a discutir serenamente en el Congreso, o en una asamblea constituyente, las “reformas” (destructivas) que él quiere, la solución encontrada por su ministro de Justicia fue crear una comisión que irá a mil por hora.
Eso es lo que, básicamente, anunció Néstor Osuna, el ministro de Justicia, este 16 de enero en Bogotá.
Convulsionar el ya bien agitado sistema judicial, presentando eso como una sapiente “reforma”, valiéndose de un exiguo grupo de expertos que entregarían, en cuestión de días y semanas, un ambicioso proyecto de ley es lo que prevé el ocupante de la Casa de Nariño.
La prensa calificó de “pesos pesados del derecho” a los invitados a trabajar en esas condiciones. Pero no dijo cuántos serán. Una revista dijo que serían 35, un matutino habló de 40. Los nombres de los juristas tampoco son visibles: el ministro Osuna no ha dado la lista. ¿Como saber entonces que esa comisión será “plural y amplia”?
En todo caso, estos invitados tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de reformar “a fondo” el sistema judicial colombiano. El primer paso será puramente especulativo: “Todos tienen hasta el 2 de febrero para enviar por escrito y vía correo electrónico las propuestas de reforma a la justicia”, explicó Semana.
Tras leer el reporte de Semana queda la sensación de que nadie, en la reunión del 16 de enero, tocó lo esencial. Nadie dijo una palabra allí sobre el mal más profundo que roe el sistema judicial colombiano: su excesiva politización y el andamiaje construido por Juan Manuel Santos para maximizar la impunidad y disculpar a los peores criminales de la subversión armada. ¿Se puede hablar en serio en Colombia de “reducir los índices de impunidad” sin poner en tela de juicio la JEP?
¿Por qué el ministro Osuna no quiso invitar a esa reunión a personalidades del sector judicial de impecable trayectoria, como la doctora Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, y a Francisco Barbosa, el Fiscal General saliente? Gustavo Petro comenzó vetando a eminentes operadores judiciales que no piensan como él. ¿Ese es el cariz de la reforma que saldría de ese proceso?
Lástima que la participación en la lluvia de ideas hasta el 2 de febrero no esté abierta a todos, ni a los expresidentes, ni a los funcionarios públicos y a los exministros del sector judicial, ni a las facultades de Derecho, ni a los gremios económicos, ni a los periodistas, ni a los particulares, ni a los militares. ¿Todos ellos no son acaso actores o víctimas de los extravíos de la justicia actual?
Según lo resumido por la prensa, en las propuestas evocadas el 16 de enero hay de todo, tanto reformas legales como reformas constitucionales. No se sabe por eso cuál es el objetivo de la reforma: si mejorar el trabajo de la rama judicial o cambiar el sistema político.
Hay propuestas obscuras que hacen pensar: ¿Pedro quiere acabar con la arquitectura de nuestro sistema judicial? ¿El pretende reducir los poderes legislativo y judicial en beneficio del poder ejecutivo? ¿Por qué el silencio de Osuna al respecto? Toda alteración en el sistema de pesos y contrapesos, por la reducción o la inflación de atribuciones de un poder frente a otro, o a los dos restantes, rompe el equilibrio y eso abre la puerta a un nuevo sistema político.
Hay, también, ideas ambiguas, como lo que algunos llaman “la virtualidad” de la justicia. ¿Reemplazar las audiencias de cuerpo presente por audiencias “virtuales” con la excusa de que en ciudades y poblados alejados no hay juzgados? ¿Esa será la excusa para no construir juzgados en sectores periféricos y para no dotarlos de jueces y de material técnico adecuado? Creer que la “virtualidad” es el futuro (y no una excepción) y que ésta no afecta el debido proceso es avanzar hacia el error.
Entre las malas propuestas se destaca la de “desaparecer las procuradurías judiciales”. Pero hay otra peor: que la Procuraduría acate definitivamente las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos del Hombre (CIDH). Esa propuesta no viene de la Procuraduría sino del sindicato de esa entidad. De hecho, ese enfoque implicaría destruir la función principal de la Procuraduría y abrir enormes brechas de impunidad y, sobre todo, admitir que codificaciones y aparatos extranjeros, bajo control de minorías no electas, son superiores a la Constitución y a las leyes colombianas aprobadas por el constituyente primario y/o por el Congreso de Colombia.
Gustavo Petro, en 2013, cuando era alcalde de Bogotá, fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por haber afectado la salud pública debido a la crisis de las basuras que estalló en la capital en diciembre de 2012 y que un dictamen de la CIDH fue clave para que regresara a ese cargo (1). ¿Esa propuesta esconde una venganza personal de Petro contra la Procuraduría? ¿Por eso la doctora Cabello no fue invitada al acto del 16 de enero? En Francia y Alemania crece hoy el rechazo a la idea según la cual la legislación internacional prima sobre la justicia y las leyes nacionales. La tendencia moderna abandona la noción “bloque de constitucionalidad” (legislación nacional más tratados y pactos internacionales) pues comprende que en ciertos casos esa doctrina menoscaba las libertades fundamentales (2).
Finalmente, hay propuestas que son de pura actualización democrática: crear un colegio de abogados, dignificar la magistratura y disminuir los tiempos de las decisiones en todas las áreas judiciales. Esta última es la gran utopía de los sistemas judiciales del mundo. La propuesta de hacer del ciudadano “el centro del sistema judicial” para mejorar su acceso es más una frase que un objetivo alcanzable.
¿Desligar la justicia del derecho para forjar jurisdicciones “especiales” y una “justicia indígena” no terminó en abusos repetidos y violaciones a la Constitución y a las leyes, sobre todo en materia de orden público?
Otro énfasis preocupante es el de quitarle atribuciones a las Cortes. Esa reducción, acto que sería de rango constitucional, se limitaría, por ahora, a tres puntos: restringir la escogencia de las cabezas de los organismos de control (la Contraloría, la Procuraduría general y la Defensoría del pueblo), y en la elección del Fiscal General. Semana formuló la propuesta así: “quitarle dientes a la Rama Judicial, especialmente a las Cortes a la hora de ternar o escoger a algunas de las cabezas de los organismos de control”. ¿Pero esa idea es estática? En el fondo hay como la tentación de ir más allá y reducir la autonomía del poder judicial para reforzar el poder ejecutivo.
Conclusión: Petro parece querer hacer una reforma constitucional presentándola como una reforma judicial para desembocar en un nuevo sistema político. Su detestable visión del país, sus errores y desplantes cotidianos, no pagan: se están devolviendo contra él y sus asombrosas “reformas” no saldrán de amplios consensos sino de conciliábulos, micos y pucherazos de último minuto.
(1).- https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/mc374-13-es.pdf
(2).-La jurista Charlotte Denizeau-Lahaye afirma que el Consejo Constitucional francés nunca ha utilizado la expresión “bloque de constitucionalidad”. Cuenta que “ninguna expresión doctrinal ha tenido tanto éxito en el derecho constitucional francés” y que fue adoptada como un término práctico y colorido. Y que sigue siendo una noción de derecho pero que el Consejo Constitucional “no la utiliza ni en sus visados, ni en sus decisiones, ni siquiera en sus comentarios”.