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Ventajas e inconvenientes de los contrapesos territoriales en la financiación autonómica

Ventajas e inconvenientes de los contrapesos territoriales en la financiación autonómica
MADRID, 27/07/2022.- Vista del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este miércoles en Madrid, para informar a las comunidades autónomas de la tasa de referencia de déficit para 2023 y de los anticipos a cuenta del sistema de financiación autonómica que se incluirán en los presupuestos del año próximo. EFE/ Rodrigo Jimenez
 

Durante las últimas décadas, entre las dicotomías que han parcelado los ámbitos de identificación de la derecha y de la izquierda en España, está la relativa a la centralización y la descentralización del modelo territorial. Por un lado, la izquierda ha hecho suyo el paradigma de la desconcentración regional, entendiendo, sin mayor lógica, que cuanta mayor descentralización, más izquierda. La irracionalidad del pensamiento podría llevar a pensar que, en otros Estados europeos en los que el modelo es centralizado, la izquierda debe ser una opción decadente y estéril, a falta de su pulsión descentralizadora.

Cierto es que la España compuesta de las autonomías es uno de los modelos más descentralizados del mundo, tanto competencial como financieramente. Constituye un sistema de organización territorial reconocido en la Constitución, como no es menos cierto que ese mismo modelo goza de asimetría embrionaria al atribuir al País Vasco y a Navarra dos sistemas bilaterales de relación económico-presupuestaria con el Estado como son el concierto y el convenio. La presunta legitimidad histórica del concierto y del convenio tras la tercera guerra carlista y parcialmente tras la Guerra Civil, durante el franquismo, llevó a que los constituyentes, en un acto de pragmatismo contemporáneo, reconocieran estas singularidades.

En las últimas horas de esta penosa legislatura, se ha abierto el debate de oportunidad sobre la bondad de un concierto específico para Cataluña, habida cuenta de las emergencias pactistas de Sánchez entregado a su propia supervivencia. Frente a esta situación de anomalía constitucional, es lógico también activar todos los instrumentos de oposición posibles, desde la justicia constitucional, hasta la reacción activa de las Comunidades autónomas alentando iniciativas parlamentarias regionales destinadas a manifestar el rechazo ante una reforma de esta envergadura. No hay nada que más moleste a un ciudadano español que sentirse preterido o sometido a un tratamiento desigual, máxime si la razón no es recta, sino responde a un criterio inestable de resistencia personal de un presidente del gobierno.

Siendo eso así, y sin que quepa ninguna cautela desde el punto de vista estratégico, presentar la resistencia a la acción del gobierno como un ejercicio confederado y de alianza territorial no deja de tener algunas desventajas. Cuando durante la pandemia se llegó a decir que la misma existencia de las Comunidades Autónomas se había convertido en un contrapeso a las desviaciones de la acción del gobierno central, esa afirmación contenía no escasas zonas de sombra, que apenas fueron destacadas. Ni entonces ni ahora.

1. En primer lugar, el fraccionamiento territorial de la acción de respuesta contra las iniciativas de Sánchez puede llevar a pensar que se está disgregando la acción política general, que dimana de una comunidad nacional y soberana única, como es la española. Cierto es también que, en el ámbito institucional de cada Comunidad Autónoma, se tienen los medios y recursos institucionales necesarios para instar, por vía constitucional, la eliminación de esta deriva rupturista. Pero ha de ser desde la centralidad, donde se establezca un modelo único e inteligible, porque si no, se corre el riesgo, de la descapitalización política y de la presentación de España como una agregación de intereses territoriales.

2. En segundo lugar, no interesa en exceso percutir en el discurso de la desigualdad territorial, porque la igualdad, igual que la solidaridad, deberían ser principios que se predicasen de los individuos y no de las regiones. Este es un error muy extendido, propiciado por el sentimiento victimario de algunas formaciones políticas en sus territorios, y, también, por una Constitución que, en este punto, clonó la Constitución alemana. Libres e iguales somos los españoles, no los territorios que lo conforman, por mucho que a algún presidente de comunidad autónoma le cueste entender este principio capital.

3. En tercer lugar, el frente común territorial inicialmente se sostiene por su reivindicación conjunta contra la ruptura del modelo de financiación común. Pero, en cambio, no existe ni existirá de partida una posición común sobre el modelo de financiación general, toda vez que cada Comunidad Autónoma aspira a que el sistema pivote en torno a parámetros específicos que le convengan, ya sea población, territorio, renta o dispersión, por poner algunos ejemplos. En suma, les une lo que les genera de manera insoportable una asimetría con Cataluña, pero, en lo demás, aspiran a sus propias pretensiones. Por eso, es un principio asumido en cualquier momento de cambio de modelo de financiación, que todos han de ganar, para lo cual hay que hacerlo en etapas de récord de recaudación, y, además, todos tienen que tener un argumentario con el que justificar políticamente en su territorio que han ganado algo, por escaso que sea.

4. En cuarto lugar, la oposición al bilateralismo con Cataluña tiene una contradicción casi ontológica y es que muchos estatutos de autonomía contienen referencias propias a un modelo de relación bilateral de estas con el Estado. Es más, en algunos estatutos de autonomía se reconocen incluso déficits históricos de financiación, constituyendo una relación de crédito presupuestario de cumplimiento exigible, con el que se juega políticamente desde los territorios. Por eso, hay que hilar muy bien el argumento y hasta ocultar el estatuto de autonomía propio para hacerse fuerte en la defensa de esa misma oposición.

5. Por último, a salvo del reparto de los fondos comunitarios, la oposición conjunta desde los territorios no debería consistir en reclamar más fondos para financiar servicios públicos autonómicos. En los últimos seis años, el gasto público autonómico ha crecido en diez mil millones de euros, y no se ha escuchado una sola voz política que censurase este incremento. Si la política autonómica o local se convierte exclusivamente en una fórmula para reclamar insistentemente el crecimiento del gasto público propio, no hay política sino gestión de recursos incrementalistas, cuyo sostenimiento en etapas de crisis será imposible.

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