El expresidente autonómico, junto a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, exige un expediente de infracción contra el Reino de España tras acusar al Tribunal de Cuentas de «tergiversar» el fallo del TJUE y mantener cautelados más de 9,5 millones de euros.
Tras el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la Ley de Amnistía pactada para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, Carles Puigdemont ha reactivado la vía internacional. A través de un escrito articulado por su letrado Gonzalo Boye y remitido a la Secretaría General de la Comisión Europea, la representación del líder de Junts ha denunciado formalmente al Reino de España por lo que califica de un incumplimiento deliberado de la norma.
El escrito, suscrito de igual modo por los exconsellers huidos Toni Comín y Lluís Puig, solicita a la Comisión que active con carácter de urgencia un procedimiento de infracción mediante el envío de la correspondiente carta de emplazamiento a las autoridades españolas.
Ofensiva contra la providencia del Tribunal de Cuentas
El motivo central que ha motivado la denuncia ante los estamentos comunitarios se sitúa en la actuación del Tribunal de Cuentas. Tras hacerse pública la resolución de Luxemburgo, el órgano fiscalizador español emitió una providencia en la que habilitaba un plazo de 10 días para que las partes personadas presentasen alegaciones antes de resolver sobre el eventual archivo de la causa.
Para la defensa de los independentistas, esta decisión de conceder audiencia no constituye un mero trámite procesal, sino una «suspensión de facto» de la aplicación de la amnistía que contraviene el dictamen europeo. En la denuncia se sostiene que el órgano fiscalizador habría vulnerado el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea —relativo al principio de cooperación leal— al publicar notas de prensa institucionales que, según su tesis, «tergiversan» el alcance real del fallo del TJUE.
Más de 9,5 millones en medidas cautelares
Detrás de la premura por forzar el amparo de la Comisión Europea subyace la presión financiera sobre el entorno del procés. La paralización del procedimiento contable implica mantener la vigencia de las medidas cautelares que gravan el patrimonio de los encausados por un importe superior a los 9,5 millones de euros, vinculados a las partidas destinadas a la organización del 1-O y a la acción exterior de la Generalitat.
En su escrito, la defensa independentista argumenta además el respaldo recibido por la propia Fiscalía española, la cual tachó de «improcedente e innecesario» el trámite de alegaciones abierto por el Tribunal de Cuentas al dar por zanjada cualquier afectación a los intereses financieros de la Unión Europea.
Intento de fiscalización internacional
Con este movimiento en los despachos de Bruselas, el independentismo persigue acrecentar el desgaste institucional sobre el Estado español y forzar un pronunciamiento explícito de la cúpula comunitaria liderada por Ursula von der Leyen, con el fin de acelerar el levantamiento de las responsabilidades contables que continúan pendientes ante la justicia española.