Una semana después del mayor asalto a la frontera sur de España y de la Unión Europea por el espigón del Tarajal, la crisis migratoria en Ceuta se traslada este jueves al Parlamento Europeo.
A petición del Partido Popular Europeo, la Eurocámara celebra un pleno extraordinario para analizar la brecha de seguridad y la respuesta ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez, en una jornada en la que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, interviene de forma telemática para exigir amparo ante la gravedad de la situación.
Mientras La Moncloa sostiene que casi la totalidad de los más de 70.000 inmigrantes que asaltaron la frontera habrían regresado a Marruecos, desde la Ciudad Autónoma y diversas plataformas se cuestionan abiertamente los datos del Ejecutivo socialcomunista. Se alerta de que el número real de ilegales que permanecen en suelo español podría ser sustancialmente superior, con cientos de personas sin identificar vagando por la ciudad.
Pulso autonómico por el reparto de menores y críticas internacionales
En el ámbito nacional, la gestión del Gobierno vuelve a chocar contra la realidad de las comunidades autónomas. Regiones como la Región de Murcia han expresado un rotundo rechazo al intento de La Moncloa de imponer el traslado de menores migrantes no acompañados —cuya cifra en Ceuta bordea los 1.200— sin la debida financiación ni recursos, acusando al Ejecutivo central de trasladar a las autonomías los costes del fracaso absoluto de su política de fronteras.
Por su parte, sectores de la oposición y fundaciones como NEOS han denunciado la imagen de debilidad proyectada ante Rabat, calificando los hechos de abierta «presión migratoria» e incluso de estrategia de «guerra híbrida«.
En la esfera internacional, el episodio ha desatado una fuerte oleada de críticas contra la política de puertas abiertas del Gabinete español.
Socios e interlocutores internacionales como Portugal e Italia, además de líderes como Donald Trump, han señalado a España por el peligro que representa para la seguridad del continente la falta de un control firme en las fronteras de Ceuta y Melilla.