La vuelta al colegio en Ceuta afronta los últimos días antes del inicio de las clases en un ambiente de creciente preocupación. Parte del profesorado ha comenzado a valorar la posibilidad de convocar una huelga de una semana para retrasar el comienzo del curso, una opción que todavía no se ha convertido en un paro formal.
A través de un cuestionario dirigido a los docentes de la ciudad autónoma, se pretende conocer hasta qué punto existe respaldo a esta medida y si los profesores estarían dispuestos a prolongarla en caso de que no se produjeran cambios. El objetivo, según recoge el propio formulario, es conocer la opinión del colectivo antes de poner en marcha cualquier iniciativa.
Entre las preguntas planteadas figura la valoración de las condiciones de seguridad actuales en Ceuta y si estas permiten comenzar las clases con normalidad. También se consulta directamente a los docentes sobre su disposición a secundar una huelga de siete días y sobre la posibilidad de ampliar el paro si la situación no mejora.
La encuesta contempla incluso periodos de seguimiento del paro que van desde menos de un mes hasta seis meses. Asimismo, pregunta por la participación en futuras movilizaciones y por la percepción de los docentes acerca de si estas acciones podrían contribuir a que la Administración atienda sus reivindicaciones.
La iniciativa se produce después de varias semanas de inquietud en torno al regreso a las aulas. Las dudas se intensificaron durante agosto, especialmente después de que algunos centros educativos fueran utilizados como alojamientos temporales durante la crisis migratoria registrada en la ciudad.
Por ahora, por tanto, se trata únicamente de una consulta al profesorado y no de una convocatoria oficial de huelga. Sin embargo, refleja el malestar existente entre parte del colectivo ante unas condiciones que consideran insuficientes para garantizar una vuelta a las aulas con normalidad.
La preocupación también se extiende a las familias. Algunos padres han expresado su rechazo a que sus hijos regresen a los centros educativos en las actuales circunstancias, especialmente después de que muchos menores hayan permanecido durante semanas sin salir de sus domicilios.
El Gobierno mantiene el inicio del curso
Mientras crece la inquietud entre docentes y familias, el Gobierno mantiene sus planes para que el curso escolar comience este lunes 7 de septiembre. El Ministerio de Educación ha anunciado un dispositivo de refuerzo que contempla la presencia de las fuerzas de seguridad en zonas consideradas sensibles y en las rutas escolares, además de medidas de acompañamiento psicosocial.
Los representantes de los docentes consideran, no obstante, que estas actuaciones deberían haber estado completamente operativas desde el 1 de septiembre, cuando el profesorado se reincorporó a sus puestos. La Junta de Personal Docente No Universitario también ha reclamado que el apoyo psicosocial anunciado por la Administración alcance al conjunto de la plantilla.
La situación afecta igualmente a las escuelas infantiles. El Gobierno de Ceuta decidió aplazar del 8 al 28 de septiembre el comienzo de la actividad en las dos escuelas infantiles municipales, alegando la situación que atraviesa actualmente la ciudad.
Además, las autoridades estudian trasladar temporalmente a los alumnos y profesores de la escuela infantil Nuestra Señora de África, situada en la barriada de Los Rosales. El motivo es su proximidad, de apenas entre 15 y 20 metros, a uno de los campamentos de acogida de inmigrantes.
El vicepresidente de Ceuta, Alejandro Ramírez, explicó que el retraso de la apertura de las escuelas infantiles está relacionado con la demora en los trámites administrativos necesarios para poner en marcha el nuevo centro, así como con los trabajos que todavía se están realizando para instalar el equipamiento.
Ramírez también se ha referido a la proximidad del centro de acogida a la escuela infantil y ha asegurado que el Ministerio ha trasladado a la Ciudad su compromiso de aplicar las medidas necesarias para garantizar la seguridad. Entre ellas se contemplan cerramientos y dispositivos específicos de protección para alumnos y trabajadores cuando el centro pueda finalmente comenzar su actividad.