El tablero político cara al 29-N suma una nueva batalla estratégica: el control de la Cámara Alta. Ante el frente común articulado por el PSOE y Frente Amplio, Alberto Núñez Feijóo ha movido ficha para abrir vías de negociación discretas con Vox. El objetivo de Génova es evitar la dispersión del voto conservador y frenar la posibilidad de que la izquierda arrebate la mayoría parlamentaria en el Senado.
Un pacto soterrado sin listas compartidas
A diferencia de la izquierda, que concurrirá en coalición abierta en casi toda España bajo el paraguas «Senado de progreso», la estrategia del PP pasa por fórmulas indirectas de colaboración. Para convencer a Santiago Abascal sin necesidad de formalizar candidaturas conjuntas en las urnas, Feijóo baraja ceder a Vox asientos en la asignación de senadores autonómicos.
La urgencia del movimiento responde al acuerdo sellado por los socialistas y la coalición progresista —que incluye también a Podemos en las islas baleares— para maximizar su representación en las provincias clave antes del cierre de listas del 26 de octubre. En dicho reparto, el PSOE mantendrá la hegemonía de las cabeceras de lista, pero cede espacio a sus socios para garantizar el arrastre de votos en la tercera casilla.
La clave: el arbitraje del Poder Judicial y el Constitucional
Más allá del contrapeso legislativo que supone el Senado, lo que está en juego en esta legislatura es el control del mapa institucional del país.
La Cámara Alta será el escenario donde se dirima la renovación de órganos clave: la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y diez vocales del Consejo General del Poder Judicial dependiente directamente de los equilibrios de mayorías en este hemiciclo.