El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reconocido la enorme dificultad para que los consulados españoles verifiquen a tiempo qué nuevos nacionalizados por la ‘ley de nietos’ son descendientes de exiliados y pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones del 29-N, tal como exige el Tribunal Supremo.
Pese a haber enviado instrucciones precisas a las sedes consulares, anulado los permisos del personal y movilizado recursos extraordinarios, Albares ha admitido que el ajustado calendario electoral hace que la meta sea casi inalcanzable, recordando que «nadie está obligado a lo imposible».
Volcado manual y falta de tiempo
El problema radica en la comprobación de los expedientes. Aunque la Oficina del Censo Electoral ya dispone de los registros integrados de forma automática en el nuevo Registro Civil digital (DICIREG) durante 2025 y 2026, el resto de las solicitudes debe volcarse de forma manual mediante una nueva herramienta informática.
La Dirección General de Asuntos Consulares ya había advertido a la Abogacía del Estado de que necesitaría «por lo menos hasta enero» para completar la tarea. Albares subrayó que, si ya resultaba complejo llegar a los comicios de mayo de 2027, cumplir los plazos para las generales del 29 de noviembre «se antoja todavía mucho más difícil».
Frente común en defensa del cuerpo consular
En paralelo a la gestión administrativa, el titular de Exteriores salió en defensa de los cónsules y del personal del Servicio Exterior ante lo que calificó de «campaña de acoso e insidias» impulsada por el PP y Vox.
Albares censuró que se ataque con nombres, apellidos y fotografías la honorabilidad de unos funcionarios que asumen esta carga extraordinaria sin descuidar sus tareas diarias, y advirtió de que «nunca tolerará» que se ponga en duda su profesionalidad.