Vox ha decidido escalar por la vía penal su respuesta ante los altercados registrados durante sus actos públicos. El partido liderado por Santiago Abascal ha interpuesto sendas querellas contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Vázquez, y su homólogo en Baleares, Alfonso Luis Rodríguez Badal, a quienes acusa de permitir contramanifestaciones contrarias que derivaron en agresiones, disturbios y heridos.
Las acciones judiciales, que se hacen extensivas a otros cargos y funcionarios de ambas delegaciones, imputan a los responsables presuntos delitos electorales (art. 147 de la LOREG) en concurso con delitos de odio (art. 510 del Código Penal), además de prevaricación administrativa e infracción de derechos cívicos.
Los escritos sostienen la concurrencia de agravantes por discriminación ideológica y recogen acusaciones por desórdenes públicos, lesiones y atentado contra agentes de la autoridad.
Los precedentes de A Coruña y Mahón
El primero de los escritos se centra en los incidentes ocurridos el 21 de octubre en la plaza de María Pita (A Coruña). Vox denuncia que la Delegación del Gobierno autorizó una concentración de Galiza Nova —organización juvenil vinculada al BNG— en el mismo punto donde el partido ya tenía programado y aprobado un mitin.
La jornada concluyó con agresiones, lanzamientos de objetos contundentes, una docena de policías lesionados y tres manifestantes detenidos.
Un escenario similar se vivió en Mahón (Menorca), donde grupos contrarios bloquearon las salidas del recinto, arrojaron mobiliario urbano e impactaron contra el vehículo oficial de Santiago Abascal.
Según la formación, en este caso la Delegación balear tramitó la protesta a escasos metros del evento pese a conocer los disturbios ocurridos días antes en Galicia y sin disponer de un dispositivo policial capaz de blindar la seguridad del acto.
Vox denuncia un patrón coordinado
Desde los servicios jurídicos y el área de seguridad de Vox denuncian que estos episodios no son aislados, sino un mecanismo reiterado: la convocatoria paralela de protestas con el fin de escalar la tensión desde el insulto hasta la violencia física directa.
Samuel Vázquez, portavoz de Seguridad de la formación, atribuyó responsabilidades directas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de complicidad política y de emplear operativos insuficientes que, a su juicio, facilitan el acoso a sus simpatizantes.
Desde el partido insisten en que continuarán exigiendo responsabilidades penales para salvaguardar el derecho fundamental de reunión y de difusión de su mensaje político durante la precampaña.