Los vínculos financieros entre el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el régimen de Nicolás Maduro suman un nuevo capítulo judicial. Unos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) entregados a la Audiencia Nacional exponen una serie de transferencias sospechosas canalizadas desde Caracas hacia el entorno del exjefe del Ejecutivo español. La clave del hallazgo reside en un pago de 181.037 euros recibido por una firma instrumental administrada por su presunto testaferro, Julio Martínez, en las fechas previas a las polémicas elecciones venezolanas de 2024.
Sociedades pantalla y un contrato sin justificar
La transferencia, realizada a través de una cuenta de JP Morgan, procedía de la firma Turboven, una comercializadora de energía radicada en las Islas Caimán pero bajo la tutela directa de la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela (Corpoelec), el organismo estatal controlado por el chavismo. Interrogado por el juez y la Fiscalía Anticorrupción el pasado 19 de octubre, Martínez admitió la transacción justificándola como cobro por «servicios de asesoramiento», aunque fue incapaz de precisar en qué consistieron las gestiones ni por qué un ente gubernamental caribeño recurrió a su despacho en Alicante en lugar de a un bufete local.
La Policía sostiene en sus atestados más recientes que la red de sociedades vinculadas a Martínez —que movió cerca de 1,3 millones de euros— operaba mediante «documentación ficticia» (contratos, facturas e informes ad hoc) con el propósito de opacar el destino final de los fondos y blanquear las comisiones transfronterizas.
Coincidencia temporal con el rol de «observador»
Más allá del recorrido penal, el movimiento bancario adquiere un fuerte calado político por su cronología: el abono se formalizó en abril de 2024, justo cuando Zapatero preparaba su desembarco en Caracas para actuar como mediador y observador internacional en los comicios del 28 de julio. Tras la autoproclamación de Maduro y las denuncias masivas de pucherazo al ocultarse las actas oficiales que otorgaban el triunfo al opositor Edmundo González Urrutia, el expresidente español optó por un deliberado silencio.
A diferencia de otros observadores del Grupo de Puebla como Leonel Fernández o Ernesto Samper, Zapatero declinó exigir públicamente la difusión de las actas electorales o reunirse con la líder opositora María Corina Machado. Mientras la oposición venezolana calificó al dirigente socialista de «agente de Maduro» dedicado a blanquear al chavismo y el PP exigió explicaciones en España, Zapatero ha venido defendiendo la «discreción» como única vía de interlocución diplomática.