Cuatro meses después de la entrada masiva registrada en frontera, la gestión de los menores extranjeros no acompañados en Ceuta atraviesa una situación crítica sin visos de desbloqueo por la vía diplomática. Pese a la buena disposición manifestada inicialmente por Rabat para colaborar en la reagrupación familiar de estos jóvenes, las autoridades marroquíes mantienen sin respuesta los expedientes remitidos por la Policía Nacional para ejecutar los retornos.
En la actualidad, la ciudad autónoma tutela a 3.767 menores repartidos en 23 recursos asistenciales —una cifra que multiplica por 130 su capacidad ordinaria de acogida—, mientras que alrededor de 500 jóvenes pernoctan todavía en la vía pública, según denuncian las organizaciones no gubernamentales sobre el terreno.
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha tramitado y enviado formalmente 170 expedientes individuales a la administración marroquí sin haber recibido contestación alguna hasta la fecha. Los especialistas policiales han completado todos los requisitos legales exigidos para el retorno, llegando incluso a localizar a las familias de origen de los adolescentes y a recabar su autorización expresa para el regreso a sus domicilios. «Hay expedientes que se enviaron hace meses; Rabat no muestra ninguna voluntad real de colaborar», advierten las citadas fuentes.
El acuerdo bilateral y las trabas administrativas en frontera
El marco jurídico que regula estas devoluciones se sustenta en el acuerdo bilateral entre España y Marruecos sobre menores no acompañados, el cual contempla su repatriación asistida con el fin de reintegrarlos en su entorno familiar o ponerlos bajo la tutela de los servicios de protección infantil del reino alauí.
No obstante, la aplicación práctica del convenio exige un procedimiento individualizado y garantista que requiere plena coordinación entre ambos Estados. Antes de ejecutar cada retorno, los agentes españoles deben identificar plenamente al menor, analizar su situación sociofamiliar y acreditar documentalmente que el regreso responde a su interés superior, un engranaje administrativo que queda bloqueado en la práctica ante la falta de respuesta de las autoridades marroquíes.