La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite una denuncia contra la conocida como ‘ley de nietos’ española (la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática).
La iniciativa, presentada a título particular por el fiscal Juan Gallego Alférez, ha superado el primer filtro en Bruselas, lo que abre el plazo para que otros ciudadanos se sumen y obliga a la Comisión Europea a pronunciarse sobre si este proceso masivo de nacionalizaciones vulnera la normativa comunitaria.
El denunciante sostiene que la norma concede la nacionalidad española de origen —y con ella el pasaporte de la UE— de forma indiscriminada. Critica que no se exige un arraigo real ni residencia previa en el país, ni tampoco la renuncia a la nacionalidad anterior. Además, apunta a que no se ha comprobado de verdad si los ascendientes de los solicitantes sufrieron realmente el exilio político que la ley utilizaba como justificación.
El precedente de Malta y casi un millón de solicitudes
El fiscal argumenta que, aunque dar la nacionalidad es competencia de cada país, no se puede hacer saltándose los tratados europeos ni el principio de cooperación leal entre socios. En su escrito cita el caso de Malta (donde la justicia europea frenó la venta de pasaportes dorados sin arraigo) y pone sobre la mesa el enorme impacto de la medida:
Hasta septiembre de 2025 se presentaron 876.321 solicitudes y se concedieron unas 237.000 nacionalidades, concentradas en su gran mayoría en consulados de Latinoamérica (sobre todo en Argentina) y en Miami. El plazo para optar a este cauce concluyó en octubre de 2025.
Al otorgar la ciudadanía europea a cientos de miles de personas que viven fuera de la UE y sin lazos directos con España, se afecta de lleno a derechos comunitarios clave como la libre circulación dentro del espacio Schengen.
Piden abrir expediente a España y alertan del voto exterior
Gallego Alférez reclama a Bruselas que abra un expediente de infracción a España y advierte del impacto que esto tiene en los procesos electorales al inflar el censo desde el extranjero.
«Si los hijos y nietos de los exiliados tienen derecho a votar para siempre sin vivir aquí, se darían situaciones comparables a que gran parte de la población de Israel pudiera decidir quién gobierna hoy en Alemania», señaló el fiscal, alertando de la alteración que esto supone para las elecciones generales de un país europeo.