El Gobierno aprobará este martes, en el Consejo de Ministros, una reforma para desligar el mandato del Fiscal General del Estado (FGE) del de la actual legislatura.
De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, este cambio responde a las «reiteradas recomendaciones» de la Comisión Europea y del Consejo de Europa. El objetivo sería «reforzar la independencia del Ministerio Fiscal», aseguran.
¿Cuáles son los cambios a tener en cuenta?
Tras la reforma, el mandato del FGE será de cinco años, y dejará de coincidir con el del Ejecutivo. Solo será renovable si su titular ha ocupado el cargo durante menos de un año y, si se le cesa prematuramente, el nuevo jefe de la Fiscalía completará el tiempo restante del mandato anterior.
Y con respecto a los ceses discrecionales, el Gobierno solo tendrá la potestad de apartar al Fiscal General, previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por «incumplimiento grave o reiterado de sus funciones».
También se va a prohibir que el FGE pueda comparecer ante un Consejo de Ministros. Yendo más allá, se pretende que todas las comunicaciones entre estas dos partes consten por escrito y sean publicadas. Y desde el Ejecutivo se asegura que la reforma también otorga «mayor autonomía funcional» al Ministerio Público. Esto al pasar la competencia, del Gobierno al FGE, para el nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los principales fiscales.
Mismo régimen que a jueces y magistrados
Con la mira puesta en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el texto de la reforma propone que la Fiscalía dirija la Policía Judicial en la investigación de delitos. El Fiscal General del Estado pasará a designar a los fiscales instructores, y se aplicará el mismo régimen de abstención y recusación que a jueces y magistrados. Todo esto de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Otra novedad radica en el papel que se dará a la Junta de Fiscales de Sala. Este podrá imponer su criterio al del fiscal general del Estado, si posee una mayoría cualificada de tres quintas partes. Y con respecto a la transparencia, se establece que las asociaciones de fiscales «no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros». Para ello deberán inscribirse en un registro oficial que dependerá de la Fiscalía General del Estado.
La última novedad se sitúa en la preparación de opositores por parte de fiscales. La misma requerirá autorización previa del FGE y quedará reflejada en un registro público, que también dependerá de la Fiscalía. El Gobierno ha declarado al respecto que pretenden «evitar conflictos de interés y aumentar el control sobre esta actividad».