El Presidente del Gobierno anunciaba el lunes que este martes, el Consejo de Ministros prevé aprobar el Plan de Acción por la Democracia y contra los Bulos. Se trata de una iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez para, según dicen, enfrentar la creciente desinformación en España. El plan fue anunciado inicialmente antes del verano, cuando el socialista se apartó cinco días de la esfera pública para, según él, reflexionar sobre la posibilidad de seguir en el cargo.
El Gobierno indica que el objetivo de esta medida es consolidar un entorno informativo más transparente y plural. Añaden que esto garantizaría que los ciudadanos reciban una información veraz, tal como estipula la Constitución Española. También justifican el plan asegurando que se alinea con las políticas europeas en materia de desinformación. Estas habrían sido adoptadas tanto por el Parlamento Europeo como por la Comisión Europea.
Acusaciones de censura sobre los medios
Este plan se enmarca en un contexto político tenso, especialmente por la oposición que ha mostrado el Partido Popular (PP). Los populares acusan al Gobierno de intentar controlar a los medios de comunicación, y de emplear este plan como una estrategia política para distraer a la opinión pública. El PP ha vinculado la aprobación de este plan con la investigación judicial en curso contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Desde la formación señalan que se trata de una «cortina de humo» para desviar la atención de las acusaciones que enfrenta.
El Gobierno, por su parte, defiende que este plan no busca restringir la libertad de prensa, sino mejorar la calidad de la democracia. Esta estaría afectada por lo que Sánchez ha denominado la «máquina del fango». Según el mismo, la desinformación representa una amenaza seria para las instituciones democráticas. De esta manera, afirma que el nuevo plan «emana» de la Constitución y «defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz».
Sánchez también ha insistido en que este plan debería contar con el apoyo de todos los partidos democráticos, haciendo alusión a las normas aprobadas en Estrasburgo, y lamentó que el PP se oponga a una iniciativa que se ajusta a las directrices europeas. Sin embargo, el debate en torno a los riesgos de control gubernamental sobre los medios privados y la libertad de prensa sigue abierto, y será un tema crucial en los próximos meses.