El Gobierno español ha asegurado su compromiso de cumplir con la financiación singular de Cataluña, como parte del acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Dicho compromiso resulta de las negociaciones para la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, investido presidente de la Generalitat. De acuerdo con el Gobierno, la financiación específica tiene como objetivo atender las particularidades económicas y sociales de Cataluña dentro del marco de solidaridad interterritorial. Pero han asegurado que esto no equivale al concierto económico del que disfruta el País Vasco.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, confirmó que la «financiación singular» es una de las prioridades acordadas con ERC, destacando la importancia de este pacto para asegurar la estabilidad en Cataluña, y avanzar en temas de interés mutuo para ambas formaciones políticas. Pero la socialista ha querido añadir que, más allá de Cataluña, algunas otras autonomías ya reciben una financiación «por mor de su singularidad». Más concretamente mencionaba la situación de las Islas Baleares. Con estas declaraciones, el Gobierno presume de que reconoce y trata las singularidades de las distintas Comunidades Autónomas españolas.
La Conferencia de Presidentes de septiembre
Alegría evitó hacer comparaciones directas con el concierto económico del País Vasco, cuando se le pidió que valore las similitudes con la financiación para Cataluña. La misma ha subrayado que la financiación se manejará dentro de los márgenes del actual sistema de financiación autonómica. Este enfoque refleja la intención del Gobierno de mantener un equilibrio entre atender las demandas específicas de ciertas Comunidades, y calmar a aquellas que han elevado la voz contra el pacto PSC-ERC.
En septiembre, el Gobierno planea abordar cuestiones clave como la vivienda, dentro del marco de la Conferencia de Presidentes. Se trata de un foro en el que se espera avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica. Y si bien la financiación singular para Cataluña ha sido un tema de debate, el Gobierno ha expresado su disposición para continuar dialogando con otras Autonomías. Su objetivo, dicen, es elaborar un modelo de financiación más justo y equitativo.