El Gobierno ha decidido finalmente separar en dos reales decretos distintos la revalorización de las pensiones y otras medidas del denominado escudo social, por un lado, y la prórroga de la suspensión de los desahucios para familias vulnerables, por otro. La decisión llega después de que el Congreso rechazara la pasada semana el decreto ley “ómnibus” que agrupaba todas estas medidas.
Según han informado fuentes del Ejecutivo, ambos decretos podrían aprobarse este martes en el Consejo de Ministros, que estará presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra de viaje en Dubái. En caso de retraso, el Gobierno asegura que aún habría margen para aprobarlos en la siguiente reunión sin que los pensionistas vean reducidas sus prestaciones en febrero.
El Real Decreto “ómnibus” fue derogado en el Congreso con los votos en contra de Partido Popular, Vox, Junts y UPN. Tanto PP como Junts manifestaron, no obstante, su disposición a apoyar la subida de las pensiones si se tramitaba en una norma independiente.
El escollo de los desahucios
La medida más controvertida del decreto rechazado fue la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una disposición que varios grupos parlamentarios consideran que favorece la ocupación ilegal de viviendas.
En este contexto, Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, se mostró inicialmente reticente a separar los decretos, aunque este lunes aceptó la fórmula siempre que ambas normas se aprueben de forma simultánea y exista una mayoría suficiente para mantener la suspensión de los desahucios.
El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, recordó que hace un año se alcanzó un acuerdo con Junts para mejorar el sistema de avales públicos a pequeños propietarios y tendió la mano a la formación de Carles Puigdemont para introducir ajustes que permitan recuperar su apoyo sin cuestionar la protección a las familias vulnerables.
El papel del PNV
Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco ha asegurado en un comunicado que ha logrado que el Gobierno amplíe el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler. De este modo, quedarían exentos de la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a los inquilinos en situación de vulnerabilidad.
Medidas económicas en el aire
El decreto ley rechazado incluía una amplia batería de medidas económicas y sociales, entre ellas la revalorización de las pensiones contributivas en un 2,7 %, de las mínimas en un 7 % y de las no contributivas y del ingreso mínimo vital en un 11,4 %. Estas subidas ya se aplicaron en la nómina de enero, pero su continuidad depende ahora de la aprobación de un nuevo decreto.
También contemplaba la prórroga del salario mínimo interprofesional de 2025 hasta la aprobación del de 2026, la congelación de las cotizaciones de los autónomos, la ampliación del régimen de módulos, la prohibición de cortes de suministros básicos a familias vulnerables y descuentos en el bono social eléctrico.
Además, incluía medidas fiscales como la bonificación por la compra de vehículos eléctricos, incentivos a la eficiencia energética, la prórroga de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y la exención del IRPF para ayudas por daños causados por incendios forestales.
Con la división de los decretos, el Ejecutivo busca asegurar al menos la aprobación de las medidas con mayor consenso parlamentario y desbloquear una situación que había dejado en suspenso prestaciones clave para millones de ciudadanos.