Alexander Dobrindt, quien asumirá próximamente el cargo de ministro del Interior de Alemania, ha dejado claro su rechazo a la posibilidad de prohibir al partido Alternativa para Alemania (AfD), pese a la reciente decisión del servicio de inteligencia interior de clasificarlo como organización extremista.
Dobrindt, figura destacada de la Unión Social Cristiana (CSU), ha mostrado su «escepticismo rotundo» ante las voces que piden prohibir judicialmente a AfD. “Una prohibición solo reforzaría su narrativa de victimismo y marginalización”, ha advertido. A su juicio, la respuesta ante el auge de opciones populistas debe llegar por la vía política, con argumentos, propuestas y defensa firme del orden constitucional, no mediante mecanismos que puedan interpretarse como censura o persecución ideológica.
Su postura coincide con la del socialdemócrata Lars Klingbeil, próximo vicecanciller, quien también ha descartado recurrir a una vía judicial larga y compleja que, en el mejor de los casos, tardaría años en resolverse. Ambos apuntan a una solución política y democrática frente al reto que representa AfD.
AfD, señalada por el servicio de inteligencia
La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) ha clasificado recientemente a AfD como un partido que “desprecia la dignidad humana”, lo que le sitúa oficialmente como una amenaza potencial para el orden democrático. Esta decisión ha desatado un intenso debate sobre la idoneidad de seguir los pasos hacia una posible ilegalización.
Dobrindt también ha respondido con contundencia a las declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio, quien tachó de “tiranía encubierta” la medida de la BfV. El futuro ministro calificó esa opinión de “absurda” y recordó que Alemania es un Estado de Derecho que actúa conforme a sus propias normas e instituciones, sin necesidad de lecciones externas.
Reacción de AfD: denuncias y victimismo
Desde AfD, sus líderes Alice Weidel y Tino Chrupalla han calificado la decisión como “un ataque a la democracia” y han anunciado que recurrirán legalmente la clasificación de la BfV. Insisten en que el Gobierno pretende silenciarles por la vía institucional, en lugar de enfrentarse abiertamente a sus propuestas en el terreno político.
El debate sobre la legalidad de AfD llega en un momento de elevada polarización política y con el partido ganando fuerza en distintos estados federados. La decisión del futuro ministro de apostar por el debate democrático y el rechazo a la censura legal responde al principio esencial de que las ideas, incluso las más controvertidas, deben confrontarse en libertad y no silenciarse desde el poder.