La decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, ha vuelto a elevar la tensión entre el PSOE y una parte de la judicatura. La formación socialista ha cuestionado duramente la actuación del magistrado y ha acusado a sectores judiciales de perseguir políticamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Gómez será juzgada por los delitos que se le atribuyen en la causa que dirige Peinado. El PSOE considera que el procedimiento responde a una persecución vinculada a su condición de esposa del jefe del Ejecutivo. Desde Moncloa también han cuestionado la instrucción y la han definido como «arbitraria e injusta».
Sánchez tuvo conocimiento del auto mientras viajaba a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas. La resolución del juez se produce pocos días antes de su jubilación y después de más de dos años de investigación sobre la actividad profesional de Gómez.
El PSOE reaccionó públicamente a través de sus redes sociales. «Begoña Gómez es inocente y, desde hace dos años, está en el centro de una persecución judicial y política por ser la mujer del presidente Pedro Sánchez», sostuvo la formación, que expresó además su rechazo a la decisión de Peinado.
La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, defendió que los socialistas mantienen su confianza en la justicia, aunque expresó dudas sobre la celebración de un juicio con jurado popular. A su juicio, la amplia exposición pública que ha tenido el caso durante los últimos dos años puede dificultar que sus integrantes lleguen al proceso sin una opinión previa.
Morant sostuvo además que la investigación se ha convertido en una causa política y afirmó que el «único pecado» de Gómez es ser la esposa del presidente. «Confiaremos en la justicia pero, desde luego, no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político», afirmó.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, también arremetió contra Peinado. Consideró que el auto de apertura de juicio «no hay por dónde cogerlo» y acusó al magistrado de haber actuado como un «activista contra Pedro Sánchez».
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, elevó igualmente el tono de las críticas y vinculó la decisión con la próxima jubilación del juez, prevista para el 27 de septiembre.
En privado, dirigentes socialistas consultados consideran que el procedimiento forma parte de una estrategia destinada a desgastar al presidente. Algunos hablan directamente de «lawfare» y de una ofensiva para tratar de desalojar a Sánchez del poder. Estas afirmaciones forman parte de la interpretación política que el PSOE hace de la causa y no de una resolución judicial.
Moncloa cuestiona la instrucción
El Gobierno también se pronunció sobre el auto. Fuentes de Moncloa afirmaron que durante la investigación han quedado, a su juicio, acreditados elementos que demostrarían la inocencia de Gómez y expresaron su confianza en que el juicio termine confirmando esa posición.
El Ejecutivo denunció asimismo lo que considera una actuación judicial marcada por el «acoso» y la «deshumanización» hacia la esposa del presidente. Desde el Gobierno sostienen que la causa responde a una persecución motivada por su relación con Sánchez.
Las críticas del PSOE llegan además en un momento de creciente enfrentamiento con el Tribunal Supremo por otro asunto: la suspensión cautelar de la inscripción en el censo electoral de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos.
El PSOE también carga contra el Supremo
El partido ha puesto en marcha una recogida de firmas entre sus militantes para reclamar que se revierta la decisión adoptada por el Supremo. En un mensaje remitido a sus afiliados, Ferraz calificó de «amenaza real» para la democracia la posibilidad de que ciudadanos que adquirieron o recuperaron la nacionalidad mediante esta norma no puedan ejercer su derecho al voto.
El Tribunal Supremo acordó cautelarmente suspender su inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Los magistrados justificaron la medida por la existencia, según su resolución, de un riesgo para la objetividad y transparencia del proceso electoral. El tribunal señaló que la incorporación de estos electores podría afectar al resultado de unos comicios y provocar un daño que consideró irreversible para la regularidad del proceso.
El PSOE ha rechazado esa argumentación. Su portavoz de la Comisión Ejecutiva, Montse Mínguez, sostuvo que «votar jamás puede ser peligro» y reclamó al Supremo que resuelva el fondo del asunto con rapidez.
Pedro Sánchez también criticó públicamente la resolución durante su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà. El presidente calificó la decisión de «hecho muy grave» y afirmó que podría afectar a cerca de 400.000 personas. Sánchez responsabilizó políticamente al PP y Vox por haber promovido el recurso ante el Supremo y sostuvo que la medida «socava la democracia».
Otros miembros del Gobierno se han pronunciado en términos similares. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, calificó la resolución de «salvajada» y «atropello democrático» y afirmó que algunos jueces tratan de «tumbar al Gobierno todos los días».
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, también cuestionó la actuación del Supremo y pidió que la situación quede resuelta antes de las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales.
Así, la apertura de juicio contra Begoña Gómez se produce en un contexto de creciente confrontación entre el PSOE y determinados órganos judiciales. Mientras los socialistas interpretan las decisiones judiciales como parte de una ofensiva política contra el Gobierno, los tribunales defienden sus resoluciones desde el marco de sus respectivas competencias judiciales.