El Tribunal Supremo de los EE.UU. se ha vuelto a erigir en el garante de las libertades de los norteamericanos y de la división de poderes del régimen político constitucional de ese país
El Tribunal Supremo acaba de tumbar, en primer término, una práctica progresista que duraba ya 40 años: la discriminación positiva en las universidades por razón de raza, que concedía prioridad en las matrículas en función del color de la piel del solicitante. El juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas, que es negro, basa su decisión en que el vínculo entre grupos raciales y «niveles de salud, riqueza y bienestar» –que teóricamente servía de base para justificar la discriminación positiva racial- encerraba «a los negros en una casta inferior aparentemente perpetua» y encerraba un prejuicio típicamente racista. En consecuencia, la priorización de matrículas en las universidades, en el caso de darse, deberá estar ligada en adelante a análisis concretos de situaciones específicas, y no a los prejuicios generalistas o a constructos ideológicos previos.
El segundo revés para los demócratas es que el 30 de junio el Tribunal Supremo falló contra del plan de Joe Biden, según el cual se condonarían las deudas contraídas por millones de estudiantes con el gobierno federal para financiar sus estudios universitarios. La deuda media por estudiante es de unos 20.000 dólares por alumno y alcanzaría la cantidad total de 430.00 millones de dólares. Dicha condonación supondría, en último término, que los padres norteamericanos que no puedan permitirse enviar a sus hijos a la universidad acabarían pagando, vía impuestos y deuda pública, la educación universitaria de los hijos de otros que sí han podido permitírselo. Curioso progresismo este que pretendía castigar a los más desfavorecidos para que los estudiantes educados en las universidades woke -que controla, por cierto, en gran medida, el partido demócrata- salieran beneficiados.
La juez Barrett, clave en la decisión de no permitir la condonación de la deuda de los estudiantes, razona en su ponencia que sólo el Congreso tiene competencia para condonar una deudas de este tipo y que el Presidente no puede usurpar el poder del parlamento cancelando 430.000 millones de dólares de deuda: el gobierno necesita en todo caso una “clara autorización del Congreso”, único competente en materia de autorizaciones presupuestarias y de gastos federales. De haber accedido a la pretensión de Biden, no solo se habría desnaturalizado la división de poderes en los EE.UU. (clave de bóveda de la Constitución política y de la esencia de la democracia en América) sino que los futuros presidentes habrían tenido derecho a utilizar leyes transversales para usurpar el control constitucional del Congreso sobre el presupuesto federal.
No existe obligación de trabajar para miembros del colectivo LGTBI
Además, esta semana pasada, en tercer lugar, el Tribunal Supremo ha tenido el valor jurídico y social de proteger la libertad individual y fallar en favor de un diseñador de páginas web que se había negado a elaborar páginas web de bodas para parejas LGTBI. Los demócratas woke, con su legión de abogados, universidades y medios de comunicación, reclamaban –y los siguen haciendo- el derecho a imponer su visión del mundo a los demás, y sostenían que el diseñador de páginas tenía la obligación de elaborar webs para el colectivo LGTBI, lo cual no solo atenta contra las libertades individuales sino también contra el derecho al trabajo, la libertad empresarial y la propia competencia entre empresas. El Tribunal Supremo ha sentenciado este viernes que un diseñador gráfico de páginas web de bodas puede negarse a trabajar con parejas del mismo sexo. Pues solo faltaba. ¿No es lo obvio que uno trabaja en lo que quiere y para quien quiere? Es evidente que el progresismo cultural y político pretende ahora convertir a cada trabajador, cada empresa, en una especie de agente de la causa LGTBI. No se trata de la tolerancia, que es el valor esencial de la democracia, sino que se trata de la imposición de la militancia y de una suerte de activismo obligatorio a favor de su causa, que es principio típico de las dictaduras.
El poder no puede utilizar la estratagema de decir que un discurso es discriminatorio para poder censurarlo después. La libertad individual, de expresión, de trabajo, de opinión, es previa al gobierno.
El juez Neil Gorsuch, ponente de la sentencia, dice taxativamente que la Primera Enmienda «concibe a Estados Unidos como un lugar rico y complejo en el que todas las personas son libres de pensar y hablar como quieran, no como el gobierno requiera.» Y que el tribunal ha sostenido durante mucho tiempo que «la capacidad de pensar por nosotros mismos y de expresar esos pensamientos libremente es una de nuestras libertades más preciadas y lo que mantiene fuerte a nuestra República.»
Una lección de libertades constitucionales que bien podría leer nuestro Tribunal Constitucional, convertido descaradamente por Conde-Pumpido en mera correa de transmisión del gobierno.