El Tribunal Supremo ha imputado por unanimidad a Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General del Estado, en una investigación sin precedentes en España. También han abierto una investigación contra Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid. Esta es la primera vez que un Fiscal General es investigado judicialmente. La imputación se produce en el marco de un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
El afectado en cuestión llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa a las 10.20 horas del pasado 14 de febrero. La Fiscalía de Madrid daba cuenta en este documento del cruce de correos entre Julián Salto, fiscal del caso, y el abogado de González Amador. Las comunicaciones se producían en las investigaciones por el supuesto fraude fiscal por el que se investiga a la pareja de Ayuso. Además, el propio Fiscal General asumía la responsabilidad de este comunicado.
¿Por qué se investiga a García Ortiz?
El TS determina la difusión de la nota informativa como hecho delictivo. Una «publicación que no se hubiera producido sin la autorización y orden expresa del fiscal general del Estado». Esto determinaba la competencia de la Sala Segunda del Tribunal. Por su parte, la decisión de investigar a Rodríguez Fernández se debe a las sospechas de que enviase al Fiscal General los datos necesarios para elaborar dicha nota. Y si bien esta no tiene la condición de aforada, todos los magistrados del TS entienden que los comportamientos de ambos guardan una «conexión inescindible» que impide incoar causas separadas.
El tribunal está formado por los magistrados Susana Polo -como ponente-, Manuel Marchena -presidente-, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, y Carmen Lamela. Este ha designado instructor de esta causa, conforme al turno establecido, al magistrado Ángel Luis Hurtado.
Delito de revelación de secretos
Para el Supremo, de la exposición razonada enviada por el TSJM, y de las querellas y denuncias pronunciadas, se desprende la imputación de ambos fiscales por un delito de revelación de secretos. La nota informativa tenía el objetivo de aclarar que «el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal» existente hasta ese momento, era «el propuesto por el letrado de González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024».
El Supremo concluía entonces que «aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos, pero de la instrucción de causa practicada por el TSJ y, en concreto, de la declaración del fiscal de Delitos Económicos que llevaba el asunto, se desprende que horas antes de la nota de prensa los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general y de la fiscal jefa provincial».