El Tribunal Constitucional (TC) ha dado un paso importante al admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra la controvertida ley de amnistía. Este hecho ocurre en el mismo día en que vencía el plazo para recurrir la normativa, lo que subraya la relevancia del asunto en el panorama judicial y político español. A su vez, el TC ha aceptado la solicitud de abstención del magistrado Juan Carlos Campo, debido a su implicación previa en temas relacionados con la amnistía durante su mandato como ministro de Justicia en el gobierno de Pedro Sánchez.
El Pleno del Constitucional ha decidido de manera unánime proceder con la revisión de la ley de amnistía, cuyo principal ponente es el magistrado conservador Ricardo Enríquez. Este proceso está vinculado a la cuestión elevada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que considera que el artículo 1 de la ley podría vulnerar principios constitucionales clave, como la igualdad, la seguridad jurídica y la exclusividad jurisdiccional.
Abstención de Campo y equilibrio en el TC
Juan Carlos Campo, alineado con el bloque progresista del tribunal, ha decidido apartarse del proceso para garantizar la imparcialidad de la Corte. Campo había expresado públicamente su postura contraria a la amnistía, calificándola de inconstitucional cuando formaba parte del gobierno de Sánchez. Aunque su abstención altera ligeramente la correlación de fuerzas dentro del TC, el bloque conservador, compuesto por cinco magistrados, continúa siendo minoritario frente a los seis magistrados progresistas.
Este no es el primer caso en el que Campo opta por abstenerse en asuntos relacionados con la amnistía, ya que en noviembre de 2023 tomó una decisión similar mientras se negociaba la ley. Su insistencia en apartarse refleja su deseo de preservar la imparcialidad del Tribunal Constitucional en un tema que ha generado un gran debate político.
Consecuencias de la admisión de la inconstitucionalidad
La decisión del TC de admitir a trámite esta cuestión podría tener importantes repercusiones para el futuro de la ley de amnistía. La respuesta a la consulta planteada por el Supremo se espera que tarde entre seis meses y un año, lo que permitirá sentar un precedente importante para los recursos de inconstitucionalidad que ya están en manos del tribunal.
El PP y varias comunidades autónomas gobernadas por el partido, como Madrid y Andalucía, ya han presentado sus propios recursos, argumentando que la ley vulnera principios fundamentales. El magistrado conservador José María Macías será el encargado de redactar la ponencia sobre el recurso del PP. A diferencia de Campo, Macías no ha mostrado intención de abstenerse a pesar de su oposición previa a la amnistía como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Mientras el Tribunal Constitucional revisa los recursos de inconstitucionalidad, los líderes independentistas catalanes, como Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, deberán esperar su turno. Estos dirigentes aún tienen procesos pendientes en el Tribunal Supremo, lo que les impide presentar sus propios recursos hasta que se resuelvan los incidentes judiciales en curso.
En el caso de Junqueras y otros condenados por su participación en el procés, la Sala de lo Penal del Supremo debe resolver recursos de súplica antes de que puedan dirigirse al Constitucional. En cuanto a los procesados, sus casos aún deben pasar por la Sala de Apelaciones tras ser rechazados por el magistrado instructor Pablo Llarena.