La Fiscalía General del Estado en España ha propuesto una serie de medidas para tratar los discursos de odio en Internet. A su juicio, estos están proliferando en la sociedad. El fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha sugerido prohibir el acceso a redes sociales a quienes cometan delitos graves de odio, y ha planteado acabar con el anonimato en estas plataformas.
La Fiscalía achaca el aumento de los discursos de odio y la desinformación en redes sociales, principalmente, a eventos sensibles como el asesinato de un niño en Mocejón. Aguilar ha señalado que muchas investigaciones no prosperan debido al anonimato. Por ello, una de sus propuestas clave es que todos los usuarios estén identificados. Esto facilitaría según el mismo la labor judicial en la identificación de responsables.
Además, el fiscal plantea que se reforme el Código Penal. Su objetivo es que los condenados por delitos de odio no puedan acceder a las redes sociales durante un tiempo determinado. De acuerdo con su Ministerio, esta medida buscaría limitar la reincidencia en comportamientos peligrosos en entornos digitales.
El caso de un ‘influencer’ como precedente
Ya existen casos donde se ha limitado el acceso digital a personas que han utilizado las redes para cometer delitos. Un ejemplo destacado es la condena de un influencer en Barcelona que humillaba a personas sin hogar. El Tribunal Supremo incluyó, por primera vez, una prohibición explícita de acceso a entornos virtuales en su sentencia. Este precedente podría impulsar una legislación más clara sobre el uso responsable de las redes.
La propuesta de eliminar el anonimato ha generado controversia. De acuerdo con el Gobierno, esto buscaría reducir la impunidad en la difusión de mensajes de odio. Pero las voces críticas alertan de que pueda afectar a la libertad de expresión. El fiscal enfatiza que es vital encontrar un equilibrio entre seguridad y derechos civiles, para garantizar un entorno digital más seguro sin vulnerar derechos fundamentales.