El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo. En concreto, García Ortiz está siendo juzgado por un presunto delito de revelación de secretos por haber autorizado la difusión de datos personales del novio de Ayuso, Alberto González Amador, contenidos en un expediente tributario confidencial.
Según la acusación, el fiscal general permitió que se hiciera público un comunicado de la Fiscalía que detallaba aspectos de la investigación de Hacienda y del procedimiento penal en curso, vulnerando así el deber de reserva y el derecho a la intimidad del afectado.
El tribunal examina si aquella decisión —que la defensa de García Ortiz califica como un “acto de transparencia institucional”— constituyó realmente una revelación de información protegida, o si se trató de un ejercicio legítimo de comunicación pública ante una polémica política de enorme repercusión.
Tras la lectura del auto de procesamiento y de los escritos de acusación, el presidente del Tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, se ha dirigido a García Ortiz: «¿Se considera responsable de los delitos que se le imputan?». «No», ha respondido el acusado.