El primer convoy de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha entrado este martes en la provincia de Barcelona para intentar frenar el avance del brote de peste porcina africana (PPA) que mantiene en tensión al sector ganadero catalán y al conjunto de la industria cárnica española. La imagen de vehículos militares desplegándose en plena Cataluña, como si se tratara de una emergencia nacional —que en la práctica ya lo es—, llega después de que el Gobierno de la Generalitat expulsara al SEPRONA -Guardia Civil de la naturaleza- de la zona afectada hace apenas unos meses.
El resultado: ahora Salvador Illa y el Ejecutivo autonómico reclaman contrarreloj la intervención del Estado, en un giro que evidencia la improvisación y la falta de previsión de las autoridades catalanas.
El precio político de haber desplazado al SEPRONA
La decisión del Govern de apartar al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, bajo el argumento de “competencias medioambientales”, ha terminado convirtiéndose en un boomerang institucional. Los ganaderos habían advertido que la salida del SEPRONA debilitaba la capacidad de vigilancia y rastreo, pero sus quejas fueron ignoradas, y se tuvo más en cuenta un acuerdo de gobierno entre PSOE e independentistas que las necesidades reales de la Comunidad Autónoma.
Hoy, ante el avance del brote y tras la incapacidad demostrada por la Consejería de Acción Climática, Illa clama por la ayuda de quien hace no tanto era considerado “intruso” en Cataluña. La contradicción es evidente: expulsaron a los especialistas y ahora piden a los militares que vengan a apagar el fuego.
El sector ganadero, en estado de alarma no oficial
La PPA no afecta a los humanos, pero sí es devastadora para el porcino, motor económico fundamental en Cataluña. El brote detectado amenaza explotaciones enteras y obliga a aplicar protocolos de sacrificio masivo y cuarentenas estrictas.
La industria cárnica, profundamente integrada en el mercado europeo, teme que un solo error derive en el cierre de exportaciones o en restricciones comerciales, como ya ocurrió en otros países de la UE. Los ganaderos denuncian que llevan días trabajando sin información clara y que se ha perdido un tiempo precioso por “la obsesión política con las competencias, no con la emergencia”.
La UME entra donde antes no se quería ver al Estado
El convoy de la UME desplazado a Barcelona está compuesto por equipos NBQ especializados en descontaminación, rastreo y control biológico. Su entrada ha sido recibida con alivio por el sector y por los ayuntamientos afectados, mientras el Govern trata de restar gravedad al cambio de criterio.
La salida del SEPRONA de Cataluña no fue un gesto aislado ni un accidente administrativo; formó parte del precio político que los independentistas exigieron al PSOE para sostener la legislatura. En los pasillos de Madrid y Barcelona se daba por hecho que cualquier presencia de la Guardia Civil en competencias sensibles —medio ambiente, vigilancia rural, control sanitario— debía reducirse para satisfacer el discurso soberanista. Esa concesión, imprescindible para que Sánchez obtuviera los apoyos de ERC y Junts, se tradujo en la retirada de los agentes especializados justo antes de que el brote de peste porcina africana hiciera saltar todas las alarmas.
Hoy, la llegada de la UME simboliza la paradoja: el mismo Gobierno que cedió ante el independentismo para expulsar al Estado se ve obligado a recurrir a él para evitar una crisis sanitaria y económica de primer orden.
Un Illa contra las cuerdas
La presión sobre Salvador Illa es evidente. Ganaderos, veterinarios y productores reclaman explicaciones: ¿Por qué se marginó al SEPRONA cuando más se necesitaba su experiencia? ¿Por qué se tardó tanto en pedir ayuda a la UME? ¿Cuántas explotaciones se han visto afectadas mientras se anteponía la política a la gestión?
El brote de PPA en Cataluña ha dejado al descubierto un patrón que se repite: cuando el Govern desplaza al Estado por motivos ideológicos, es el propio Govern quien termina suplicando su regreso. Y esta vez no se trata de un asunto simbólico, sino de una amenaza económica real para miles de familias y para uno de los sectores estratégicos del país.
La llegada del convoy de la UME no solo simboliza la urgencia sanitaria; simboliza también el retorno forzoso de la realidad a una clase política que vive instalada en el relato. Mientras tanto, los ganaderos esperan que este despliegue no llegue demasiado tarde.