El Ministerio de Interior informaba el martes al juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, de que los dispositivos de control de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera con Francia no detectaron a Carles Puigdemont. El departamento emitió una nota de prensa. Esta explica que ya se ha remitido el informe solicitado por el magistrado del Tribunal Supremo. Llarena había solicitado los detalles sobre qué elementos determinaron el «fracaso» de la captura del fugitivo. Se solicitaba una explicación «desde un aspecto técnico judicial».
El ministerio aseguraba en la nota que la detención de Puigdemont «ha sido, es y será, hasta su cumplimiento, un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales del Ministerio». Más allá, el documento indica que los Mossos informaron a Interior «del diseño de su dispositivo específico y especial para proceder a la detención del expresidente una vez fuese localizado». Por su parte, la institución nacional les ofreció «cualquier apoyo operativo por parte de Policía Nacional y de Guardia Civil». Añade el Ministerio que, todo ello, «sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio de información e inteligencia».
Entonces, ¿Qué salió mal?
«Desde los días previos al 8 de agosto Policía Nacional y Guardia Civil mantuvieron activados los controles en fronteras, puertos y aeropuertos y en el conjunto de Cataluña, sobre todo en la ciudad y área de influencia metropolitana de Barcelona. Dada la competencia y capacidades operativas de los Mossos d’Esquadra como policía integral en Cataluña en materia de seguridad ciudadana», prosigue el informe. Policía Nacional y Guardia Civil «no realizaron operativos paralelos» para detener a Puigdemont.
Interior apunta en este contexto que «una vez conocida la fuga de Puigdemont el pasado jueves, el Ministerio impartió instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil, a través del delegado del Gobierno de Cataluña, para que, por un lado, se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos para localizar y proceder a la detención».
«Así, y con los recursos disponibles, se estableció un refuerzo de la vigilancia de puertos y aeropuertos de la Comunidad de Cataluña, y se dispusieron dispositivos operativos en ciertas vías públicas, en especial aquellas que conducen o están próximas a la frontera con Francia, aunque las vías de alta capacidad quedaron bajo la responsabilidad de los Mossos de Esquadra», detalla el Ministerio al juez Llarena.