El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha conseguido mantener su posición tras recibir el apoyo de la mayoría de la cúpula fiscal. Esta decisión se produce en un momento crítico, ya que el Tribunal Supremo acordó abrir una causa en su contra por un presunto delito de revelación de secretos. Este caso está relacionado con la filtración de correos electrónicos de negociaciones en Madrid, y ha sido promovido por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Junta de Fiscales de Sala, compuesta por 31 miembros, se reunió para decidir sobre la situación de García Ortiz. Durante más de dos horas de reunión, el fiscal general expuso su postura, defendiendo su inocencia y asegurando que no había cometido ningún delito. Subrayó que la nota de prensa, de la que se responsabiliza, tenía como objetivo proteger el papel del Ministerio Público frente a la difusión de lo que calificó como «bulo».
A pesar del respaldo mayoritario, algunos fiscales que participaron en la reunión mostraron una postura crítica. Entre ellos, destacan figuras como Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, quienes lideraron la petición de dimisión de García Ortiz, alegando que su continuidad perjudica la imagen de la institución. Sin embargo, el respaldo de fiscales clave, como la ex fiscal general María José Segarra y el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, resultó fundamental para que García Ortiz mantuviera el cargo.
Se espera que en la próxima reunión del Consejo Fiscal, prevista para esta tarde, se aborden nuevamente las tensiones sobre este caso. Aunque el Consejo está compuesto mayoritariamente por vocales que podrían oponerse a la continuidad de García Ortiz, el fiscal general parece decidido a mantener su posición, argumentando que su permanencia es lo más prudente para la estabilidad de la Fiscalía.