El funeral celebrado ayer en Adamuz por las víctimas del accidente no fue un acto institucional ni un escaparate político. No hubo Casa Real, ni Presidente del Gobierno, ni ministros. No hubo discursos vacíos, laicidad ni paripés. Quienes tomaron la palabra —explícita y simbólicamente— fueron el pueblo y quienes han estado en primera línea desde el primer momento: la Iglesia y los cuerpos de seguridad y emergencia.
La Santa Misa, profundamente emotiva y multitudinaria, se construyó desde abajo. Vecinos, familiares, amigos y representantes de la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios compartieron el protagonismo en un acto sobrio, contenido y ajeno a cualquier intento de apropiación política del dolor, organizado por el Obispo de Córdoba y secundado por todos. Fue la sociedad civil la que marcó el tono y el sentido del homenaje.
Ese carácter espontáneo y auténtico del funeral ha tenido consecuencias inmediatas. El Gobierno de España ha decidido cancelar el homenaje de Estado que tenía previsto celebrar el próximo 31 de enero. La decisión responde, por un lado, al evidente contraste entre ambos modelos de «homenaje» y, por otro, al temor a que dicho acto oficial derivara en una protesta improvisada por parte de las víctimas y sus familiares.
Y así, el Gobierno ha dado traslado a la Junta de Andalucía, que ha acatado las órdenes de nacional de dejar en el aire el homenaje de Estado.
El funeral de Adamuz ha evidenciado una fractura cada vez más visible: mientras los actos oficiales tienden a protocolizar el dolor, e incluso a utilizarlo -«se hacen la foto y se van» decían algunas víctimas- la ciudadanía reclama espacios reales de duelo, sin intermediarios ni escenografías políticas, sino sencillamente con eso que caracteriza a España: la fe.