El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Amnistía que incluye a Carles Puigdemont y otros implicados en el proceso independentista catalán. Sin embargo, la normativa ha suscitado controversia, especialmente entre los fiscales del ‘procés’ que han señalado que ciertos delitos, como el de malversación, no deberían ser amnistiados a Puigdemont.
La aprobación de la ley fue resultado de intensas negociaciones entre el PSOE y partidos independentistas como Junts y ERC. La ley permite la vuelta de líderes exiliados y la normalización de la situación política. Salvador Illa, primer secretario del PSC, destacó que la ley «abre un horizonte de esperanza» y facilita el avance hacia la reconciliación.
Dudas sobre la aplicabilidad de la amnistía
No obstante, el Ministerio Fiscal y varios jueces han planteado dudas sobre la aplicabilidad de la amnistía a todos los delitos. En particular, los fiscales del Tribunal Supremo han expresado que los delitos de malversación y terrorismo, asociados a figuras como Puigdemont, requieren una revisión más cuidadosa y podrían no ser amnistiables bajo la nueva ley. Este es un punto de fricción, ya que aunque el Gobierno insiste en que la ley debe ser aplicada en su totalidad, el sistema judicial podría bloquear ciertos aspectos, especialmente aquellos que contravengan la legislación europea o que sean objeto de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La ley también excluye a figuras específicas como Laura Borràs y el abogado Gonzalo Boye, quienes están involucrados en otros procedimientos judiciales no directamente relacionados con el proceso independentista del 1-O. Esta exclusión ha sido motivo de debate dentro de los propios partidos independentistas, con Junts y ERC mostrando diferencias sobre los términos y alcance de la amnistía.