La Fiscalía se enfrenta a un nuevo conflicto interno tras la decisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, de no presentar al Tribunal Supremo (TS) el informe elaborado por cuatro fiscales que rechazan la amnistía del delito de malversación en el contexto del ‘procés’. En respuesta a esto, García Ortiz ha convocado una Junta de Fiscales de Sala para el próximo martes, siguiendo el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el fin de resolver las discrepancias surgidas.
Contexto del desacuerdo
El desencuentro surge tras la intervención de los fiscales del Tribunal Supremo en el juicio del ‘procés’, quienes rechazaron la amnistía para los delitos de malversación. Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, los fiscales encargados de este caso, presentaron un informe categórico en el que calificaban la amnistía como «improcedente y contraria a las leyes», argumentando que los fondos malversados no han sido restituidos.
Estos fiscales han dejado claro que están dispuestos a apartarse de la causa si el Fiscal General mantiene una postura discrepante con su criterio. La contundencia de su informe y su disposición a dimitir subrayan la seriedad del desacuerdo y la profundidad de la división dentro de la Fiscalía.
Mecanismo de resolución
El artículo 27 del EOMF establece que en caso de discrepancias significativas, se debe convocar una Junta de Fiscales de Sala para debatir y resolver el conflicto. Esta Junta, que se celebrará el próximo martes, será crucial para determinar la posición oficial de la Fiscalía respecto a la amnistía del delito de malversación.
La decisión de García Ortiz de no presentar el informe de los cuatro fiscales al Supremo sobre la malversación en la Ley de Amnistía tiene implicaciones tanto políticas como legales. Por un lado, refuerza la percepción de una Fiscalía que podría estar alineándose con decisiones políticas en lugar de actuar con plena independencia. Por otro lado, plantea serias dudas sobre el manejo de los delitos financieros vinculados al ‘procés’ y el mensaje que se envía respecto a la rendición de cuentas y la justicia en casos de malversación de fondos públicos.
La convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala será un test de fuego para la cohesión interna de la Fiscalía y para la credibilidad del sistema judicial español. La resolución de esta disputa no solo afectará el curso del ‘procés’, sino que también sentará un precedente sobre cómo se manejan las discrepancias internas en el Ministerio Público y la relación entre la justicia y la política en España.