La trama de corrupción que salpica a antiguos cargos del Ministerio de Transportes suma un nuevo testimonio clave. Aránzazu Granell, empleada de la empresa Pronalab, ha declarado ante el Tribunal Supremo que entregó 20.000 dólares en efectivo a Joseba García, hermano de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. Estos pagos, según ha reconocido, se realizaron en República Dominicana por orden de Javier Serrano, socio de Víctor de Aldama, presunto intermediario en una red de sobornos.
Granell explicó que en el momento de los hechos se encontraba residiendo en República Dominicana, donde gestionaba clínicas de Pronalab especializadas en pruebas diagnósticas de COVID-19. Según su declaración, la empresa no disponía de liquidez en España, por lo que se utilizó el dinero generado en el país caribeño para efectuar los pagos en efectivo a Joseba García.
La testigo asegura que actuó siguiendo las instrucciones de Javier Serrano, quien a su vez estaba vinculado con Víctor de Aldama. Este último ha sido señalado en la investigación como un intermediario clave en la trama de sobornos a cambio de contratos públicos en España.
La UCO y la investigación sobre la red de sobornos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva meses investigando las presuntas comisiones ilegales que facilitaron la obtención de contratos públicos. Según fuentes de la investigación, los pagos en efectivo y las operaciones en el extranjero podrían formar parte de una red de corrupción con ramificaciones en distintos niveles administrativos.
Las declaraciones de Granell y Serrano refuerzan la hipótesis de que los pagos se realizaron con el objetivo de asegurar adjudicaciones de contratos durante la pandemia. Este caso sigue en desarrollo y podría implicar nuevas revelaciones sobre la estructura y funcionamiento del ‘Caso Koldo’.
Un caso que sigue creciendo
Las investigaciones continúan y cada nueva declaración aporta más detalles sobre la supuesta red de sobornos. Mientras tanto, los implicados mantienen posturas dispares sobre su grado de responsabilidad. El caso pone en el punto de mira las prácticas irregulares en la adjudicación de contratos públicos, generando un creciente interés mediático y político.
La Justicia sigue recopilando pruebas para esclarecer el papel de cada uno de los implicados y determinar las posibles consecuencias legales. Con cada testimonio, la trama se vuelve más compleja y deja entrever la magnitud de los presuntos actos de corrupción.