José Luis Rodríguez Zapatero dispone de una pericial encargada por él mismo sobre las joyas que recibió como regalo de Arabia Saudí. El informe señala que el valor económico actual de las piezas sería muy inferior a los más de 1,3 millones de euros establecidos por la joyería Ansorena en la tasación realizada antes del verano.
Fuentes próximas al expresidente del Gobierno sitúan «en aproximadamente una décima parte» el valor de los tres juegos de zafiros, esmeraldas y rubíes que el rey Abdalá le entregó en la Moncloa en junio de 2007. Según estas fuentes, los diamantes que decoran collares, pulseras y sortijas no serían diamantes como tales, sino que estarían elaborados con polvo de diamante. A ello se sumaría que las piedras preciosas fueron engarzadas con imperfecciones que fueron corregidas durante los trabajos de orfebrería mediante productos que rebajan su valor.
Ambas circunstancias supondrían una depreciación «de forma considerable» del precio que las joyas saudíes tendrían actualmente en caso de salir a la venta o ser subastadas, según las mismas fuentes.
En paralelo, el abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, solicitó este viernes al juez José Luis Calama que prescinda de la segunda tasación encargada a la joyería Yanes. La defensa considera que el informe realizado por Ansorena ya permite conocer las características y el valor de las piezas y que, por tanto, no está justificado realizar un nuevo encargo.
El despacho de Moreno Catena sostiene que, si la tasación de Ansorena no recoge información como el fabricante o determinadas marcas distintivas, se debe a que las piezas «no los contienen». Según la defensa, los únicos datos que podrían aportar información adicional en una nueva valoración serían la antigüedad de las joyas y su posible área de fabricación.
La calidad de los diamantes no fue valorada por Ansorena
Las fuentes próximas a Zapatero señalan que Ansorena no analizó la calidad de los diamantes en su pericial. La joyería se limitó, según estas fuentes, a indicar en su informe que las piedras eran de «talla brillante».
Por este motivo, Moreno Catena ha pedido a Calama que «se designe a otro perito distinto a joyería Yanes». En caso de que el magistrado de la Audiencia Nacional mantenga esta diligencia, la defensa solicita que su propio joyero pueda participar también «al reconocimiento y a la emisión» del correspondiente dictamen junto al perito designado judicialmente.
La valoración final de las joyas es un asunto primordial para Zapatero. Aunque el delito fiscal derivado de no haber declarado el regalo en el impuesto de donaciones tras recibirlo en 2007 estaría prescrito, permanece la cuestión del impuesto sobre el patrimonio que debía haber comunicado a la Agencia Tributaria en sus últimas declaraciones de la renta.
La cuestión afecta concretamente a los últimos cuatro ejercicios, de 2022 a 2025. Según las fuentes citadas, el expresidente se enfrenta al riesgo de que Hacienda le reclame entre 400.000 y 470.000 euros en el IRPF de cada ejercicio que no haya prescrito.
Por este motivo, siempre según las mismas fuentes, Zapatero estaría interesado en rebajar el valor de las joyas por debajo de ese umbral y en acreditar su origen para que la Agencia Tributaria dé por concluida la inspección.
La situación de Sonsoles Espinosa
La confesión realizada este miércoles por Zapatero en el escrito remitido al juez Calama también complica el futuro judicial de su esposa, Sonsoles Espinosa. En ese escrito, el expresidente la habría implicado en la decisión de conservar las joyas saudíes regaladas por el rey Abdalá en 2008 y guardarlas junto a las herencias familiares. En caso de condena, las cargas fiscales podrían ser compartidas.
En el escrito enviado al magistrado por el abogado de Zapatero, el expresidente asumió en exclusiva la recepción de las dádivas. «Se trató de una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto de mi representado hacia el monarca saudí», afirmó.
Zapatero añadió que las piezas «se guardaron y permanecieron guardadas» durante todo ese tiempo junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, «sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material».
Con esta admisión de los hechos, el expresidente pretende descartar el posible delito de contrabando, al sostener que las alhajas fueron introducidas en España por el propio monarca saudí.
Sin embargo, Zapatero utilizó el plural en la carta que envió personalmente al jefe de Protocolo de la Casa Real saudí el 16 de junio, un día antes de su declaración histórica ante la Audiencia Nacional como investigado. Ese uso del plural sugiere que una parte de las 12 joyas con rubíes, esmeraldas y zafiros habría sido destinada a su esposa.
«Como posiblemente recordará, la Corte, con motivo del viaje oficial de Su Alteza Real Saudi el Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Su Majestad el Rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, los días 18 y 19 de junio de 2007, y en el marco de las relaciones entre nuestros dos países, entregó sus muestras de consideración de las que fuimos objeto», escribió.
En la misma misiva explicó que en el Palacio de la Moncloa «recibimos un regalo estrictamente personal», consistente en una colección de tres juegos de joyería de estructura similar, basados en un mismo diseño tradicional y diferenciados por sus gemas: rubíes, esmeraldas y zafiros.
Las expresiones «fuimos» y «recibimos» utilizadas en aquella carta enviada a Riad han confirmado lo que, según fuentes próximas al expresidente, se temía desde hacía meses: que los tres juegos de rubíes, esmeraldas y zafiros no estaban destinados únicamente a Zapatero, sino también a su mujer.
La secretaria del exjefe del Ejecutivo, Gertrudis Alcázar, ya había declarado en mayo ante la Policía que «algunas» de esas joyas eran «herencia» de la esposa de Zapatero y que otras eran «regalos de viajes», aunque no precisó quién las había recibido dentro del matrimonio.
Zapatero prometió aportar información sobre las joyas
El expresidente conocía de forma somera el origen de las joyas saudíes desde semanas antes de aquella entrevista. Por ello, al término de las dos horas y media de su declaración ante Calama en junio, aceptó facilitar información sobre las piezas encontradas en su caja fuerte.
Durante su declaración, Zapatero aseguró que estaría en disposición de volver a comparecer ante el magistrado en un plazo de diez días, «como máximo». Sin embargo, finalmente incumplió ese compromiso después de recibir un toque de atención desde Riad.
Arabia Saudí solo entregaría los documentos relacionados con las joyas mediante una comisión rogatoria, según se le comunicó.
Zapatero reconoció esta circunstancia en una segunda carta remitida a Riad el pasado 12 de agosto, en pleno verano. En ella señaló que era consciente de que el Reino de Arabia Saudí podía transmitir la información «a través de los canales legales y diplomáticos correspondientes» y manifestó su intención de solicitar al tribunal competente que activara una petición formal de cooperación judicial internacional mediante cartas rogatorias.
La misiva fue dirigida a la embajadora saudí en España, la princesa Haifa Bint Abdulaziz al Mogrin.
«Consciente de que el Reino de Arabia Saudita está en condiciones de transmitir esta información a través de los canales legales y diplomáticos correspondientes, y en el marco de los pertinentes tratados internacionales, multilaterales y bilaterales, deseo informar a Su Alteza Real de mi intención de solicitar al tribunal competente que active una solicitud formal de cooperación judicial internacional mediante cartas rogatorias, con el fin de obtener la mencionada información a través de los canales legales oportunos. Este procedimiento se activará si el juez lo considera necesario», señaló Zapatero.
La información saudí podría tardar entre tres y seis meses
La solicitud judicial debe ser reclamada por el magistrado instructor y canalizada a través del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Gobierno tendría que pedir a Riad que remita la documentación que tenga sobre las joyas para incorporarla a la causa.
Este trámite podría retrasar la investigación durante unos meses si finalmente el juez decide solicitarlo. El Ejecutivo tiene la posibilidad de pedir premura a las autoridades saudíes en la gestión.
Si, por el contrario, se limita a trasladar la comisión rogatoria del juez de la Audiencia Nacional sin presionar al país árabe, la respuesta podría demorarse más.
Las fuentes próximas a Zapatero calculan que la información procedente de Arabia Saudí podría tardar entre tres y seis meses en llegar a España, dependiendo de la actitud que adopte la Moncloa en este final de legislatura.
En cualquier caso, todo queda pendiente de la decisión que adopte el magistrado José Luis Calama.